Hay una fantasía particularmente persistente en la imaginación política moderna, y no me refiero a una utopía sofisticada ni a una gran teoría del porvenir humano, sino a algo mucho más cotidiano, más atmosférico y por lo mismo más difícil de ver. La fantasía es esta: que el Estado está ahí para garantizar tu seguridad. No para buscarla. No para aproximarse a ella. No para reducir riesgos de manera más o menos competente. Para garantizarla. Y esa palabra importa demasiado como para dejarla pasar. Garantizar no es acompañar. No es administrar. No es siquiera hacer todo lo posible. Garantizar significa asegurar un resultado dentro de ciertos límites definidos. Cuando un producto tiene garantía, lo que se promete no es una buena intención institucional, sino un umbral de cobertura. En cambio, cuando se habla de seguridad estatal, muchas veces se utiliza el lenguaje de la garantía para nombrar algo que jamás ha sido garantizable. Creo que una parte importante del problema empieza justo ahí: en pedirle a una estructura finita que cumpla una función formulada como si no tuviera límites materiales. Porque el Estado, aunque nos guste hablar de él como si fuera una entidad con voluntad propia, con agencia continua y casi con personalidad metafísica, sigue siendo una organización operada por personas. Personas concretas, en lugares concretos, durante tiempos concretos y con recursos concretos. Esto parece una obviedad, pero es una de esas obviedades que, cuando se toman en serio, revientan media conversación pública. Si el Estado es eso, entonces no puede ser omnipresente. No puede observar todo al mismo tiempo. No puede anticipar cada daño. No puede cubrir cada punto del territorio, cada hora, cada interacción, cada intención y cada accidente posible. En ese sentido, el problema de la seguridad no es únicamente político. Antes de volverse político, es físico. Me interesa insistir en esto porque muchas críticas al Estado se formulan como si el defecto fuera exclusivamente moral: corrupción, negligencia, impunidad, incompetencia, indiferencia. Todo eso puede existir, y en muchos casos existe. Pero incluso si imagináramos el Estado más honesto, más eficiente y mejor intencionado posible, seguiría sin poder asegurar seguridad total. No porque le faltara voluntad. Porque la meta misma es imposible. Esto se entiende con claridad cuando pensamos en el ámbito penal. El Estado no puede impedir por completo que alguien robe, agreda, secuestre o mate. Puede castigar después. Puede investigar después. Puede disuadir antes en determinados contextos. Puede volver más costoso cierto comportamiento y más probable su detección. Pero no puede asegurar que el acto nunca ocurra. No sabe quién, entre millones de personas aparentemente ordinarias, decidirá mañana hacer algo monstruoso, brutal o simplemente estúpido de una forma suficientemente grave como para destruir la vida de otro. No posee precognición. No habita cada esquina. No entra en la cabeza de nadie antes del acto. Por eso su función real se parece mucho menos a una protección total que a una combinación siempre incompleta de prevención, disuasión, respuesta, castigo y reconstrucción parcial del orden. Y lo interesante es que esto no ocurre solamente con el crimen. Sucede también con la enfermedad, los accidentes, los incendios, los errores humanos, los desastres naturales y todas esas formas de daño que llegan sin intención criminal pero llegan de todos modos. Un sistema de salud puede vacunar, prevenir, monitorear, subsidiar y atender. Todo eso importa. Todo eso salva vidas. Pero no puede garantizar tu salud. Un sistema vial puede diseñar mejores calles, imponer reglas, construir infraestructura y sancionar conductas peligrosas. Todo eso reduce riesgos. Pero tampoco puede garantizar que jamás ocurrirá un accidente. En ambos casos aparece el mismo patrón. Lo que se administra son probabilidades. No resultados absolutos. Y aquí conviene introducir una distinción importante. Cuando hablo de seguridad no me refiero a una sensación subjetiva de armonía ni a una vida libre de incomodidad. Hablo, en un sentido operativo mínimo, de la reducción de probabilidad de sufrir daños físicamente, materialmente o vitalmente relevantes. Incluso bajo una definición tan modesta, la seguridad sigue siendo un concepto resbaloso. No existe una línea universalmente clara donde comienza y termina. Hay riesgos tolerables para unas personas e intolerables para otras. Hay daños normalizados en ciertos contextos y escandalosos en otros. Hay percepciones que no coinciden con las estadísticas y estadísticas que no coinciden con la experiencia cotidiana. Por eso gran parte de la expectativa social hacia el Estado no descansa sobre una definición rigurosa de seguridad, sino sobre una mezcla de deseo, miedo y costumbre política. La gente dice querer seguridad, pero muchas veces quiere varias cosas al mismo tiempo. Quiere menos riesgo. Quiere menos incertidumbre. Quiere castigo visible. Quiere sentir que alguien manda. Quiere no pensar demasiado en su propia fragilidad. Y sobre todo quiere que exista una instancia superior encargada de hacerse cargo. No lo digo como insulto. Lo entiendo perfectamente. Es psicológicamente mucho más amable vivir pensando que hay alguien responsable de vigilar el perímetro de nuestra existencia. Pero que algo sea comprensible no lo vuelve verdadero. Porque una parte importante de la demanda de seguridad es también una descarga afectiva: la tentativa de depositar afuera una responsabilidad que nadie quiere asumir por completo adentro. Y aquí el argumento suele volverse incómodo. Porque si el Estado no puede asegurar tu seguridad, entonces aparece una conclusión inmediata: existe una responsabilidad individual respecto de la propia seguridad. Y sí. En un sentido importante, eso es cierto. Pero hay que formularlo con cuidado porque, mal expresado, degenera rápidamente en una estupidez moralista. Responsabilidad no significa control absoluto. No significa que toda víctima sea culpable. No significa que el mundo sea justo. Significa algo mucho más sobrio. La única conciencia presente de manera continua en tu vida eres tú. La única instancia que acompaña permanentemente tus decisiones, tus hábitos, tus trayectos, tus excesos, tus descuidos y tus lecturas del entorno eres tú. En ese sentido, la gestión primaria de tu exposición al riesgo no puede tercerizarse por completo. Puede ser apoyada. Puede ser compensada. Puede ser reforzada. Pero no puede ser sustituida totalmente. Además, cuidarse no siempre significa enfrentarse. Cuando se habla de seguridad personal suele aparecer una imaginación extrañamente cinematográfica del asunto. Como si protegerse consistiera siempre en responder, imponerse, dominar una situación o estar listo para la confrontación. Sin embargo, gran parte de la seguridad cotidiana consiste en evitar. Evitar trayectos. Evitar horarios. Evitar personas. Evitar situaciones. Evitar errores previsibles. No como cobardía, sino como reconocimiento material de la propia fragilidad. No entrar en una pelea que no puedes ganar también es una forma de defensa. No conducir agotado también. No asumir que el universo te protegerá porque hoy te sientes particularmente optimista también. Pero si dejara el argumento ahí caería en una simplificación evidente. Porque no todas las personas pueden ejercer esa responsabilidad en el mismo grado. Hay niños. Hay ancianos. Hay personas enfermas. Hay discapacidades. Hay dependencias. Y también existen vulnerabilidades contextuales. Un individuo perfectamente autónomo en una situación puede encontrarse materialmente indefenso en otra. Por eso la responsabilidad individual no elimina el problema de la vulnerabilidad. Apenas lo sitúa en su punto de partida. Y precisamente porque existen límites individuales aparecen las redes. Familia. Amigos. Pareja. Vecinos. Comunidad. Acuerdos informales de cuidado. De hecho, una parte enorme de la seguridad efectiva que experimentan las personas proviene de relaciones de proximidad antes que de instituciones lejanas. La madre que te advierte. El amigo que acompaña. El vecino que observa. La red que recoge, monitorea y nota cuando algo no encaja. Sin embargo, las redes también tienen límites. No porque la gente sea necesariamente mala, sino porque los acuerdos necesitan mecanismos de cumplimiento. Dos personas pueden prometer cuidarse mutuamente. Un barrio puede organizarse. Una comunidad puede construir normas. Pero si nadie posee capacidad suficiente para exigir el cumplimiento de ciertos compromisos, todo termina dependiendo exclusivamente de la buena voluntad. Y la buena voluntad es un recurso extraordinariamente inestable. No porque exista una naturaleza humana malvada, sino porque existe variación humana. Hay personas extremadamente responsables y personas profundamente irresponsables. Personas que cumplen aunque nadie mire y personas que empiezan a reinterpretar las reglas apenas desaparece la mirada ajena. Esa variabilidad importa más que cualquier ideal antropológico. Y justamente por eso tampoco basta con las redes. Una parte enorme del orden cotidiano depende de algo todavía más básico: la inhibición voluntaria de conductas posibles. No golpeamos a cada persona que nos irrita. No robamos cada vez que nadie observa. No explotamos cada oportunidad de ventaja disponible. Sin esa autocontención parcial, ningún Estado tendría recursos suficientes para sostener el orden social. Pero tampoco esa moral es homogénea. Lo legal, lo moral y lo racional coinciden algunas veces y divergen muchas otras. Y esa divergencia importa porque revela algo incómodo: una parte importante de lo que llamamos seguridad depende de criterios humanos que no están perfectamente alineados entre sí. Por eso la exigencia de seguridad total contiene una paradoja. No solo le pide al Estado que reduzca daños. Le pide también que estabilice una realidad humana que es inevitablemente variable. Que homogeneice comportamientos. Que resuelva asimetrías. Que neutralice contingencias. Que supervise una vida social cuya mayor parte ocurre fuera de cualquier vigilancia permanente. Y además que produzca tranquilidad. Porque aquí aparece otra dimensión relevante. El Estado no administra únicamente riesgos. También administra percepciones de riesgo. Patrullas visibles. Iluminación. Uniformes. Protocolos. Presencia institucional. Todo eso puede modificar profundamente la sensación de protección incluso cuando su impacto material es más ambiguo. Y la diferencia importa porque sentirse seguro y estar más seguro no son exactamente la misma cosa. Como la mayoría de las personas no vive con tablas actuariales en la cabeza sino con experiencias, anécdotas, rumores y memorias, la demanda pública suele dirigirse tanto al daño real como a la sensación de desamparo. Eso es comprensible. Pero sigue siendo insuficiente como diagnóstico. Porque incluso en el mejor escenario imaginable aparece el mismo límite fundamental. Imaginemos un Estado funcional. No perfecto. Simplemente competente. Calles mejor diseñadas. Sistemas de salud robustos. Policías mejor entrenados. Justicia menos lenta. Infraestructura razonable. Prevención inteligente. Todo eso mejora enormemente la vida. Todo eso reduce daños. Pero ni siquiera ahí desaparece la inseguridad. Porque el problema no depende únicamente de la calidad del sistema. Depende también de algo más profundo. Ninguna institución puede cubrir exhaustivamente el espacio, el tiempo, la intención, el error humano, la fragilidad corporal y la contingencia. En el mejor de los casos, la inseguridad se administra mejor. No desaparece. Y además cada incremento relevante de seguridad tiene costos. Más vigilancia. Más control. Más monitoreo. Más burocracia. Menos privacidad. Menos espontaneidad. Más recursos destinados a una finalidad y menos disponibles para otras. No porque toda política preventiva sea autoritaria. Simplemente porque aproximarse a la seguridad nunca es gratis. Eso obliga a abandonar otra fantasía bastante extendida: la idea de que el único problema consiste en que alguien debería esforzarse más. No. Hay límites materiales. Hay intercambios. Hay costos. Hay rendimientos decrecientes. Y hay un hecho todavía más elemental que suele quedar enterrado debajo de todo lo demás. Vivir es estar expuesto. Expuesto a otros. A errores. A accidentes. Al cuerpo. A la mala suerte. A la fragilidad. El Estado puede intervenir sobre parte de ese campo. Puede volverlo menos hostil. Puede corregir algunas asimetrías. Puede reducir ciertas formas de sufrimiento. Puede proteger mejor a quienes menos capacidad tienen de protegerse. Pero no puede abolir la exposición misma. Y creo que buena parte de la insistencia social en exigir seguridad total se parece precisamente a una negativa a aceptar ese hecho. Queremos una institución que cargue con una angustia que en realidad pertenece a la condición humana. Llegados aquí, la conclusión fácil sería el cinismo. Como nada puede garantizarse completamente, entonces nada importa. Pero ocurre exactamente lo contrario. Que una meta absoluta sea imposible no vuelve equivalentes todas las aproximaciones. No todos los Estados administran igual la inseguridad inevitable. No todos distribuyen el riesgo de la misma manera. No todos responden igual cuando individuos y redes fracasan. Por eso un Estado no debería evaluarse por su capacidad de producir seguridad total. Eso nadie puede hacerlo. Debería evaluarse por algo mucho más concreto y mucho más exigente. Su capacidad para impartir justicia razonable. Hacer cumplir reglas con mínima consistencia. Reducir vulnerabilidades evitables. Sostener infraestructuras útiles. Proteger a quienes no pueden protegerse solos. Y responder cuando las demás capas fallan. Porque la responsabilidad nunca desaparece. Solo cambia de lugar. Existe en el individuo. Existe en la red. Existe en el Estado. Pero no existe de la misma manera en cada uno. El individuo es la primera capa. La red es la segunda. El Estado es la tercera. Cada una cubre algo. Cada una deja algo fuera. Cada una depende parcialmente de las otras. Y ninguna puede cerrar por completo el problema del daño. Tal vez por eso una sociedad madura no sería aquella que promete invulnerabilidad, sino aquella que distribuye mejor la carga de la vulnerabilidad. La que no le miente al individuo diciéndole que puede desentenderse de sí mismo. La que no abandona a los incapaces bajo el pretexto de la responsabilidad personal. La que no romantiza redes inexistentes. La que no exige al Estado omnipresencia, pero sí justicia, consistencia, infraestructura y apoyo donde más hace falta. La que entiende que vivir entre otros siempre implica riesgo y que la política seria no consiste en negar ese riesgo mediante promesas tranquilizadoras, sino en administrarlo con la mayor honestidad posible. Entonces no, el Estado no puede asegurar tu seguridad. No porque siempre sea incompetente, corrupto o malvado, aunque a veces también lo sea. No puede porque la seguridad total es una fantasía formulada contra los límites de la materia, del tiempo, de la cobertura, de la variación humana y de la contingencia. Puede reducir daños. Puede repartir mejor ciertos riesgos. Puede proteger más a quienes menos pueden protegerse. Puede impartir justicia. Puede construir condiciones materiales menos hostiles. Todo eso importa enormemente. Pero no puede garantizar. Y mientras antes aceptemos ese límite, menos energía desperdiciaremos exigiendo una omnipotencia imposible y más claridad tendremos para pensar lo único verdaderamente serio que sí tenemos enfrente: grados de riesgo, redes de cuidado, fragilidad compartida, costos de control y responsabilidades distribuidas. No es una promesa particularmente reconfortante. Pero tiene la ventaja de parecerse bastante más a la realidad.